Educando a la Ministra

Una muy buena explicación acerca de la inconveniencia de la reforma a la ley 30 promovida por el Gobierno Nacional

Educación superior: la privatización sofisticada

Gonzalo Arango Jiménez
Razón Pública

Las cifras financieras prueban que el Estado ha venido abandonado a sus universidades, y el proyecto de reforma no hace más que agravar esta tendencia, sumándole los riesgos de que éstas asuman la lógica de los simples negocios y de abrirles la puerta a multinacionales de la educación de baja calidad. 

Al tiempo que avanza el debate sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno Santos para reformar la Ley 30 de 1992 "Por el cual se regula el servicio público de la educación superior", se acrecienta el acervo de manifestaciones de rechazo, por su contenido y por la forma inconsulta como fue elaborado...

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Universidades con ánimo de lucro: historias tristes de otros países

ARTÍCULO PARA LA REVISTA JAVERIANA
Francisco Piedrahita Plata
Rector Universidad Icesi

El cambio más visible que ha introducido el Gobierno Nacional en el anteproyecto de Ley de reforma de la Educación Superior y el que más discusión ha generado es, sin duda, el que aparece en el artículo 32: “Las Instituciones de Educación Superior privadas pueden ser personas jurídicas organizadas… como sociedades anónimas con propósito especial para la prestación del servicio público de Educación Superior” (1). Esas sociedades anónimas tendrían, obviamente, ánimo de lucro.

Este escrito se ha de centrar,(...), en desvirtuar el argumento oficial de que la inversión privada con ánimo de lucro, que se pretende, aumentará la permanencia y la graduación con calidad del sistema de Educación Superior para millones de jóvenes que hoy no acceden a él. Probablemente se ampliaría el acceso; pero los datos que provienen de otros países no aportan evidencias de que con las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro (en adelante IESAL) aumentan “la permanencia y la graduación con calidad”. Las experiencias de Estados Unidos, México y Brasil dicen que esas IESAL ofrecen, en general, programas de mala calidad; y que, al menos en el caso de programas de cuatro años en los Estados Unidos, donde se conoce información más detallada, la deserción de los estudiantes de los programas de las IESAL es más del doble de la de aquellos matriculados en IES sin ánimo de lucro.

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Bienes comerciales

Oscar Lopez Pulecio
El País 

Aplicar como política pública la ley de la oferta y la demanda a los servicios sociales, como la salud y la educación, es de por sí una equivocación conceptual, por la simple razón de que los ciudadanos no pueden prescindir de ellos y no todos pueden pagarlos. Aquí las fuerzas del mercado se estrellan contra la obligación estatal de garantizar el bienestar social, y el mercado termina totalmente deformado con unos ‘compradores’ sin capacidad de compra, unos ‘vendedores’ sin utilidades y un pésimo servicio, con excepción de las personas que puedan costearlos, que son las menos. El asunto de fondo es que no se trata de servicios, sino de derechos cuya denegación lleva a la enfermedad o a la ignorancia.

El caso de la educación es oportuno denunciarlo puesto que el proyecto de ley de origen gubernamental que reforma la educación superior no se ha presentado al Congreso todavía, a diferencia de la reforma de la Ley 100, que regula la prestación de servicios de salud, que ya fue aprobada para insatisfacción de todos los conocedores del tema. Lo que el proyecto educativo plantea es la prestación de la educación superior privada como un servicio comercial, principalmente para satisfacer las necesidades de educación para el trabajo del sector productivo. Desempolva la ley de la oferta y la demanda para facilitar la presencia de inversión privada nacional o internacional en el mercado perfecto que se le crea a la educación superior, hasta ahora al menos en el papel, en manos de organizaciones sin ánimo de lucro.
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Sinónimo de lucro

Oscar López Pulecio. 

Decepcionante, por decir lo menos, el proyecto gubernamental de reforma de la educación superior en Colombia. Por lo que dice y por lo que calla. Lo que dice son dos cosas: que se requiere fortalecer la educación tecnológica y que debe hacerse con dineros particulares. Lo que calla es una concepción que no sea puramente instrumental de la educación superior; es decir, una proveedora de mano de obra para el sector productivo. Los expertos distinguen la educación terciaria, aquella que es posterior a la secundaria y cumple la función de entrenar para un oficio, de enseñar una competencia; de la educación superior, aquella que fundamentada en la investigación, indaga, crea, desarrolla la personalidad y la ciudadanía. Tiene un carácter integral. Es un proceso formativo que se desarrolla alrededor de la universidad y que es posible gracias a la autonomía universitaria frente al poder político, y a la libertad de cátedra. Un espacio independiente, inalienable e insustituible en toda democracia. 

Como nada de esto aparece en la sustentación del proyecto gubernamental, éste es más una reestructuración de la educación terciaria que de la superior. Para reestructurarla acude a la inversión privada nacional e internacional, en un preocupante reconocimiento de que no hay recursos públicos adicionales para la educación superior en Colombia. Y para hacer atractiva la presencia del capital nacional y extranjero en el sector educativo, remueve la única barrera existente para que la educación terciaria no sea una simple mercancía: el carácter de organización sin ánimo de lucro de los centros privados de educación. El proyecto propone que sociedades anónimas dedicadas a la educación, que internacionalmente las hay de todos los niveles porque en esta era del conocimiento es un gran negocio en todas partes, se creen o vengan a Colombia a ofrecer sus servicios; y que las actuales organizaciones educativas sin ánimo de lucro se asocien con ellas y conviertan en acciones su patrimonio. O sea, la educación privada convertida en sinónimo de lucro. Situación que de hecho ya sucede dado el manejo que se da a algunas fundaciones educativas controladas por sus dueños y peligrosamente asociadas a las de más baja calidad. 

El efecto de ese proceso en la calidad de la educación terciaria puede ser muy negativo: si resulta muy costoso, un programa de extensión de Harvard o Yale en Colombia, por ejemplo, no hay como pagarlo; y si resulta muy barato puede ser de muy mala calidad. Además, con todos los efectos secundarios del endeudamiento de los estudiantes y sus familias por más que se den atractivos programas de becas o subsidios. 

En el fondo lo que se está plateando es que si la necesidad sentida de formación profesional en Colombia es del sector productivo y de carácter tecnológico, pues que sea el mercado el que la satisfaga. Neoliberalismo puro. Pero también, y es lo más preocupante, que la educación es fundamental para el desarrollo con equidad, como lo dice el programa presidencial, pero que el Estado no lo considera una prioridad en la asignación de sus recursos. Y si no lo es para satisfacer esa necesidad tecnológica, menos para impulsar el crecimiento de la verdadera educación superior a través de las universidades públicas, que con sus recursos congelados en el tiempo o incrementados por debajo de sus costos, están condenadas a ser un reducido y privilegiado santuario del conocimiento y la investigación. Lo triste es así.

El déficit de Univalle, Editorial EL País, 20 Abril de 2011

El impacto de la crisis económica global, en la Educación Superior mundial y regional

Francisco López Segrera

Resumen

El presente trabajo analiza comparativamente las principales tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe (ALC), en el contexto de la crisis económica global actual. Esto implica analizar el estado de la situación de las universidades en nuestra región, en el marco más amplio de las emergentes tendencias de la educación superior a nivel mundial, de sus posibles escenarios y de los posibles impactos de la mencionada crisis en la educación superior mundial y regional.

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Recursos propios

Oscar Lopez Pulecio
El País

La idea de que las universidades públicas se vinculen más al mundo real, y generen recursos propios no es nueva. Es su función de extensión a través de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología. Esas actividades implican un acuerdo con el medio externo a la universidad, lo cual no quiere decir que todas sean rentables. Existen algunas pocas áreas donde el conocimiento que hay en la universidad en investigación aplicada, es atractivo para el sector privado; pero el grueso de la investigación universitaria es en investigación básica, en la cual ningún inversionista está interesado, y existe presencia de la universidad en vastas áreas de las ciencias sociales y de la salud que no le dejan mayores beneficios económicos, como, por ejemplo, programas de educación popular o campañas preventivas en salud. En esos casos la universidad cumple una función social, que es parte integral de su misión como institución pública y al mismo tiempo fortalece su labor académica. Así que es necesario distinguir entre generar recursos propios, que es un problema financiero y relacionarse con el entorno, que es un asunto misional.

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Una reforma incompatible con la realidad nacional

César Enrique Herrera De la Hoz, Unimedios  

La reforma a la Ley 30 de 1992 presentada por el Gobierno nacional ha dejado más dudas que inquietudes frente a temas de vital importancia como el presupuesto de las universidades públicas. A su vez, la socialización de la propuesta ha generado confusiones que deben ser aclaradas a tiempo para impedir que desvíen la atención y empantanen los debates que realmente se requieren.

Desde el 10 de marzo del 2011, el Gobierno nacional decidió poner a consideración de la sociedad colombiana la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, antes de llevarla al Congreso de la República. El objetivo de esta metodología es construir un proyecto que responda a las necesidades de calidad, pertinencia, cobertura, modernización e internacionalización de la educación superior.

Aunque el texto presentado (164 artículos) tendría una incidencia directa en la mayoría de aspectos del sistema de educación superior colombiano, los principales reparos y confusiones frente a la iniciativa se han centrado en el tema financiero, que tiene diversas implicaciones tanto para las universidades públicas como para las privadas.

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha planteado cuatro grandes estrategias: 1) aumentar recursos a las universidades públicas; 2) ampliar el número de beneficiarios de los créditos del Icetex; 3) gestionar recursos privados para docencia e investigación, y 4) autorizar la creación de universidades privadas con ánimo de lucro.

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Cuentas cruzadas (sobre las finanzas de las Universidades públicas)

Oscar Lopez Pulecio

En el debate sobre la reforma de la Ley 30, orgánica de la educación superior en Colombia, que tiene tantas aristas, el punto más afilado son las cuentas cruzadas entre el Gobierno y las universidades públicas, porque de ellas depende el futuro mismo de la educación superior pública. Las cuentas de las universidades públicas son más o menos así: las 32 que existen tienen hoy un presupuesto de $4 billones, de los cuales $2,2 aporta el Gobierno Nacional, cifra que se ha venido ajustando de acuerdo con el índice del costo de vida desde 1993. Esa suma es utilizada principalmente para pagar gastos de funcionamiento que han crecido muy por encima del costo de vida, porque desde esa fecha ha habido una notable transformación de las universidades públicas: han aumentado su cobertura, extendido sus programas, aumentado su complejidad académica y asumido obligaciones legales no presupuestadas por el Gobierno, especialmente los aumentos en la productividad académica de los docentes y en los aportes pensionales. Todo ello ha generado un faltante que se estima en $700.000 millones. El proyecto de ley que reforma ese sistema propone un reajuste adicional de 1% en 2012, 2% en 2013, y 3% entre el 2014 y el 2019. Lo que se requeriría es un reajuste del 35%, que no comprende nuevos desarrollos.

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