En esta era del conocimiento, la educación superior de alta calidad, que es la que permite a las personas tener posiciones de responsabilidad y mayores ingresos, y a los países desarrollarse social y económicamente, es altamente costosa, no importa que la pague el Estado o las familias. Sólo que si la paga el Estado es un factor de equidad social, que genera más equidad, porque permite que en sociedades muy desiguales, personas muy capaces, sin ingresos suficientes, puedan recibir una buena educación, con una ganancia absoluta para la sociedad. Si la pagan las familias, o éstas tienen los recursos, que son las menos dados los altos índices de concentración del ingreso, o se endeudan. Así que en ausencia de la educación estatal subsidiada, el acceso a la educación de calidad depende de la capacidad de endeudamiento de las familias, que es muy limitada.
El panorama más crítico es que la educación estatal también se vuelva demasiado costosa para los estudiantes, como sucede en Estados Unidos, donde por ejemplo, la matrícula de la Universidad de California, que es estatal, ha aumentado de US$ 750 hace 10 años a US$12.000. Es decir, que en el país más poderoso del mundo, con desigualdad creciente, el acceso a la educación superior es un privilegio cada vez más lejano para el grueso de la población, por cuenta del mercado. Las familias endeudadas hasta la coronilla pagando hipotecas y matrículas, presas del sector financiero. Para ir de un lado a otro del continente, Chile es un país donde se ha hecho una importante reingeniería del sistema educativo, financiando la demanda estudiantil para acceder a programas educativos privados de calidad (que ha llevado a la multiplicación de las universidades privadas). Pero el mecanismo es inaccesible por su costo para la mayoría de los chilenos. Brasil también ha multiplicado su cobertura de educación superior, pero principalmente con rápidas titulaciones de instituciones comerciales privadas que proveen de mano de obra técnica su gigantesco aparato productivo.
En resumen, abrir el mercado educativo al sector financiero aunque se atenúe con un sistema de crédito de alguna manera subsidiado, y hay muchas maneras de hacerlo con reembolsos, menores tasas de interés, pagos diferidos, condonaciones parciales, es reducir la educación superior a quien pueda pagarla, convirtiéndola en la evidencia intelectual de la concentración del ingreso. Por el contrario, mantener una educación estatal de calidad con fuertes subsidios para educar a los mejores estudiantes, es un acto claro y formidable de equidad, y una política pública socialmente eficiente que concibe la educación como un bien público no como un servicio público.
Es por ello que un mecanismo de desregulación de la educación superior privada, como lo propone el proyecto gubernamental de reforma de la Ley 30 de 1992 orgánica de la educación superior en Colombia, al permitir la creación de entidades educativas con ánimo de lucro, sólo podría tener validez social si conlleva al mismo tiempo un fortalecimiento similar de la universidad pública y el mantenimiento de su carácter de institución altamente subsidiada que tiene hoy. La ausencia de ese apoyo, que debería estar entre las prioridades sociales, es uno de los principales factores de oposición de la comunidad académica al mencionado proyecto. Dicen los expertos que las políticas públicas deben ser justificables, viables y efectivas. Y se debería añadir que sólo las políticas públicas basadas en la equidad crean equidad.
