¿Qué separa al Gobierno de las universidades?

Revista Semana
24 de Junio de 2011

Dos temas marcan las diferencias entre el Gobierno y los rectores de las universidades, quienes le entregaron a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, sus propuestas sobre lo que debería ser la reforma a la Ley 30.

 

El primero, la creación de instituciones con ánimo de lucro, y el segundo, las estrategias de financiamiento del sector. Para estos académicos, todas las universidades, públicas y privadas, deben contar con un mayor esfuerzo de financiación y apoyo por parte del Estado.
 

Este jueves los académicos hicieron público un borrador de proyecto de ley estatutaria que regula y fortalece la autonomía universitaria (estipulada en la Constitución Nacional), un documento con diez observaciones sobre el proyecto de reforma a la Ley 30, así como una propuesta de financiamiento para el sector. 

 

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Intervención Alexander Lopez Debate Control Político Ministra Educación Nacional

Debate control político a la Ministra de Educación Nacional Comisión Sexta del Senado

Pensar la Universidad

Kevin Alexis García

Periódico La Palabra

Universidad del Valle

La reforma universitaria es un coctel que combina objetivos nobles con metas desmesuradamente ambiciosas que desconocen la realidad operativa de las instituciones, pensada, principalmente, a partir de una analogía en apariencia pertinente y a su vez errada: creer que son equivalentes la creación estandarizada de un producto del mercado y la formación con calidad de ciudadanos.

Con la presentación de la reforma a la ley 30 que reglamenta la educación superior pública en Colombia por parte del Gobierno Nacional, se han evidenciado dos situaciones: que la propuesta es mucho más que una reforma y con ella el gobierno quiere implantar en el país otro concepto de universidad pública, y que gracias a sus inconsistencias, a la manera unilateral como fue diseñada y a los efectos que su posible aprobación generaría sobre la educación superior, ha propiciado en el país la paulatina creación de una esfera de discusión indispensable para que las comunidades académicas y la ciudadanía reflexionen acerca del porvenir de sus instituciones, de las formas de preservarlas y de los compromisos que ante ellas debe asumir el Estado.

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Reforma Universitaria: debate y lucha

Suplemento Educación y Economía Nº 0 Periódico desde abajo, Abril 20 – mayo 20 de 2011

La formación de las nuevas generaciones en oficios, artes, ciencias, profesiones, y profesiones técnicas y tecnológicas es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. La política universitaria actual y el entramado institucional que proporciona la Ley 30 de 1992 resultan insuficientes para cumplir con esa responsabilidad.

Una nueva ley es necesaria pero obviamente insuficiente. Se requiere ir más allá, hacia un acuerdo social e institucional que piense la formación de las nuevas generaciones en función del cambio de época, de la asunción de un nuevo proyecto civilizador, y de los arreglos o consensos inmediatos de carácter social, cultural, económico y político.

El debate que ha desencadenado la propuesta de ley de la Ministra de Educación será pertinente y adecuado si se gana una orientación en esta perspectiva. La discusión actual asume problemas centrales: cobertura, autonomía universitaria, calidad de la educación, gestión, etcétera, como asuntos aislados. Las soluciones parciales que se ofrecen resultan así estériles. Es necesario, pues, un esfuerzo de profesores, estudiantes, autoridades académicas, gobierno y sociedad en su conjunto para buscar consensos que sean efectivamente globales.

La ley que se acuerde debe ser un paso adelante en la realización de la perspectiva que hemos planteado. No se trata de una tarea de corto plazo sino de un proceso de transformación real. Formar las nuevas generaciones es un compromiso de largo plazo que requiere inmediatos acuerdos realmente sustantivos.

En esta perspectiva, aspiramos, con esta separata, y en las que publicaremos en próximas ediciones contribuir al debate en curso.

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La Universidad colombiana: al filo de una nueva oportunidad 

Hacia dónde apunta la Nueva Ley de Educación Superior

Del Plan Nacional de Desarrollo a la Propuesta de sustitución de la Ley 30. Educación, ciencia y tecnología a la talla del mercado dependiente

Cátedra en las calles

Revista Semana

9 de Abril de 2011 

Las multitudinarias marchas del jueves dejaron en claro que la reforma que busca el gobierno a la educación superior no convence. Lo preocupante es que ni el Estado, ni las universidades, ni los estudiantes tienen claro lo que quieren de la educación superior.

En menos de mes y medio el gobierno de Juan Manuel Santos armó dos conflictos que no estaban ni siquiera en la agenda de los más pesimistas. En febrero, el Ministerio de Transporte armó un caos en el país por cuenta de la eliminación de los fletes, que terminó con Bogotá y otras ciudades bloqueadas. Y hace un par de semanas el Ministerio de Educación caldeó el ambiente que había de calma en las universidades al presentar un proyecto de reforma educativa que logró, como no se veía en muchos años, alinear en un bando a universidades públicas, privadas, estudiantes, maestros, profesores y sindicatos.

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Menores de edad

Oscar Lopez Pulecio
El País

Un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca, invitados por la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle, estuvo en Cali y Bogotá dictando a altos funcionarios un curso sobre corrupción y buen gobierno. Y es que no hay otro instrumento mejor para detener la corrupción que el establecimiento por parte del gobierno de unas políticas, unos criterios y unos estándares de moralidad pública que la impidan. Como eso no ha existido en Colombia, donde los niveles de corrupción pública han escandalizado aún a los más insensibles, las relaciones entre el gobierno y sus funcionarios están institucionalmente basadas en una profunda desconfianza. Es por ello que se descentraliza en la ley y centraliza en la práctica; se crean entes autónomos y a renglón seguido se los controla hasta la exasperación; se predica la independencia de los funcionarios y se los somete a innumerables órganos de control. Es como si el buen gobierno, con sus responsabilidades y limpias ejecutorias fuera la teoría académica, y la Santa Inquisición fuera la práctica. 

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La tiza, el maestro y el mercachifle

Julio César Londoño

La insistencia en la necesidad de fomentar la investigación, mejorar la cobertura y la calidad, bajar la deserción y subir los presupuestos por encima del IPC son medidas que hasta los columnistas y los sargentos han aplaudido. Los estímulos a la inversión privada (con sus bondades y sus colmillos) y el reconocimiento de que la educación debe ser una actividad subsidiada, conforman una pareja excéntrica pero inevitable en estos tiempos eclécticamente chinos.

La reforma es de tipo gerencial, y eso está bien. Bueno, más o menos bien, porque los gerentes hacen todos lo mismo: quieren que todas las empresas sean autosostenibles, ojalá lucrativas, fusionan despachos, meten 40 estudiantes donde caben 20, liquidan las horas extras a precio de horas hábiles, despiden tres secretarios, nombran subdirector de sección al único sobreviviente y corren meneando la cola donde el patrón para mostrarle sus pírricos indicadores.

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'Es necesario crear más universidades públicas'

Moises Wasserman
Entrevista con el periodico El Tiempo

Una respuesta imperfecta. Así califica el Rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el Gobierno presentó la semana pasada a los rectores de las universidades públicas y privadas.

El académico asegura que este proyecto es complejo, poco concreto y que no resuelve la necesidad de mayores recursos para la educación pública.

Sostiene, además, que delega en los privados una responsabilidad financiera del Estado y que la propuesta de crear universidades con ánimo de lucro hay que mirarla con cautela, pues usualmente no son de muy buena calidad.

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La loca de la casa: la educación pública y la reforma del gobierno

Boris Salazar

Los gobiernos colombianos han tratado a la educación pública como a la loca de la casa: hay que mantenerla viva, escondida, vestirla de gala para ocasiones especiales y, si la oportunidad lo permite, salir de ella lo más pronto posible. Durante años la educación pública superior ha sido una carga aguantada con molestia por gobiernos que nunca han visto en ella rendimientos ni electorales ni económicos. La reforma, que con pompa, fanfarria y sitio virtual, ha lanzado el gobierno de Juan Manual Santos es un paso más en el camino que lleva hacia el abandono definitivo de la molesta loca de la casa.

La estrategia elegida ni es nueva ni es eficiente. Es incluso ilusa en su extrema confianza en que la codicia privada, desatada por los incentivos correctos, podría hacer por la educación lo que dos siglos de olvido gubernamental y social no han logrado. Está hecha de una curiosa mezcla de mediocridad, arrogancia y obediencia. Pareciera suponer unos interlocutores perdidos en la ignorancia y aislados de este mundo, que serían sorprendidos por una argumentación basada en pedazos de verdades que sumadas terminan siendo una gigantesca mentira. Como lo ha dicho con razón el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, los autores de esta política se parecen mucho a esos pacientes, que “por lesión en el hemisferio derecho del cerebro pierden la capacidad para captar lo que se sitúa al lado izquierdo de ellos. La mitad del horizonte deja de existir. Aunque lo vean, lo ignoran como si estuviera en otra dimensión del mundo real”.

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Sin recursos públicos no hay educación de calidad ni hay investigación

Jorge Iván González
Edna C.Bonilla Sebá

El proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno tiene una buena intención, pero se basa en supuestos totalmente equivocados acerca de cómo funcionan las finanzas de la educación superior de calidad, la investigación científica y la innovación tecnológica. Mejor sería decirnos la verdad. 

El gobierno acaba de presentar un proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, principal norma que regula la educación superior en Colombia. En realidad no es una simple reforma. Va más allá. Es una nueva concepción de la educación superior, que ahora se consideraría como un "servicio público cultural". 

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Derrotemos la entrega de la universidad pública al capital financiero

Declaración de la Organización Colombiana de Estudiantes
OCE

El presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 10 de marzo una reforma estructural a la educación superior. De sus palabras se extrae que apunta a favorecer de manera directa al capital financiero y a las multinacionales de la educación superior, así como a marchitar la situación financiera de las universidades públicas. Esta política es lo más grave que le podría suceder a la educación superior en Colombia en toda su historia.

La modificación propuesta en la naturaleza de las Instituciones de Educación Superior, respecto a su transformación en entidades con ánimo de lucro, es una exigencia de las multinacionales de la enseñanza superior y del capital financiero. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo especifico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”. Dicha reforma les permite, a la luz de la legislación comercial, que este tipo de instituciones puedan distribuir dividendos y realizar inversiones en otros sectores de la sociedad, para no hablar de las implicaciones en lo referente a los costos de matrícula y demás servicios universitarios.

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Moises Wasserman, acerca del proyecto de reforma a la ley 30 de 1992

¿Hacia dónde va la universidad pública? Tendencias globales en política pública para la ES

Leopoldo Múnera

En los últimos diez años, las universidades latinoamericanas, tanto las públicas como las privadas, han sido sometidas a diferentes reformas académicas y administrativas, sin que tales transformaciones hayan estado precedidas por un amplio debate público sobre el sentido que las anima. El rumbo de la educación superior en la región todavía es incierto, pues depende de los proyectos culturales de cada una de las naciones que la conforman y de la respuesta de sus comunidades académicas a los desafíos que enfrentan a comienzos del Siglo XXI. Sin embargo, los perfiles de las políticas públicas para el sector ya tienen tendencias precisas y empiezan a señalar un derrotero claro, definido por un nuevo discurso modernizador, que se presenta a sí mismo como el sentido común y único para garantizar una adecuada inserción en la economía global. 

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La peor reforma para un problerma urgente

Boris Salazar
Abril 12 de 2011

La reforma a la ley 30 pretende aumentar la cobertura, mejorar la calidad, impulsar la innovación y asegurar la equidad invirtiendo 2.4 billones en los próximos 3 años, de los cuales un poco menos de la mitad -1.21 billones-sería responsabilidad del estado y el resto correspondería a la iniciativa privada. ¿Cuál es el incentivo para que la inversión privada descienda, de repente y en tal cantidad, sobre la educación superior?

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