La reforma a la Ley 30 de 1992 presentada por el Gobierno nacional ha dejado más dudas que inquietudes frente a temas de vital importancia como el presupuesto de las universidades públicas. A su vez, la socialización de la propuesta ha generado confusiones que deben ser aclaradas a tiempo para impedir que desvíen la atención y empantanen los debates que realmente se requieren.
Desde el 10 de marzo del 2011, el Gobierno nacional decidió poner a consideración de la sociedad colombiana la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, antes de llevarla al Congreso de la República. El objetivo de esta metodología es construir un proyecto que responda a las necesidades de calidad, pertinencia, cobertura, modernización e internacionalización de la educación superior.
Aunque el texto presentado (164 artículos) tendría una incidencia directa en la mayoría de aspectos del sistema de educación superior colombiano, los principales reparos y confusiones frente a la iniciativa se han centrado en el tema financiero, que tiene diversas implicaciones tanto para las universidades públicas como para las privadas.
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha planteado cuatro grandes estrategias: 1) aumentar recursos a las universidades públicas; 2) ampliar el número de beneficiarios de los créditos del Icetex; 3) gestionar recursos privados para docencia e investigación, y 4) autorizar la creación de universidades privadas con ánimo de lucro.
Aunque el texto presentado (164 artículos) tendría una incidencia directa en la mayoría de aspectos del sistema de educación superior colombiano, los principales reparos y confusiones frente a la iniciativa se han centrado en el tema financiero, que tiene diversas implicaciones tanto para las universidades públicas como para las privadas.
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha planteado cuatro grandes estrategias: 1) aumentar recursos a las universidades públicas; 2) ampliar el número de beneficiarios de los créditos del Icetex; 3) gestionar recursos privados para docencia e investigación, y 4) autorizar la creación de universidades privadas con ánimo de lucro.
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