La financiación de la educación superior es un asunto de política y de vida o muerte para la sociedad. El Ministerio de Educación no ha hecho bien las cuentas y pretende, con programas que escasamente resuelven problemas de acceso de la población de bajos recursos a la universidad, saldar la equidad y el desarrollo económico y social del país. Así lo demuestra un análisis de la Universidad Nacional de Colombia.
Permítaseme comenzar por explicar el título de este artículo. Es cierto que en materia presupuestal suele haber restricciones que dependen de los ingresos y gastos de una nación, y en este caso en particular del sector público. Las fuentes del presupuesto público son de diverso orden: los recursos provenientes de la tributación –directa e indirecta– y de las tarifas, los recursos de capital (v. g. enajenación de activos) y los recursos financieros (v. g. el endeudamiento público, interno y externo). Este último suele jugar un papel importante cuando los gastos superan los ingresos, que es el caso de la mayoría de las economías y, en particular, de los llamados países en desarrollo.
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