El Gobierno nacional presentó el 10 de marzo la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992. La incitativa tiene cuatro grandes objetivos: asegurar calidad, disminuir la deserción, adecuar los programas académicos a las necesidades de las regiones y fundamentar la gestión educativa en la transparencia. La discusión ya empezó y se pronostica un proceso largo y complejo antes de que el proyecto llegue al Congreso de la República.
La Ley 30 fue aprobada en 1992 con el objetivo de organizar el servicio público de la educación superior. Durante el año 2010, ante las denuncias de diversos rectores de universidades públicas frente al creciente déficit presupuestal, se inició un importante debate nacional que llevó a la otrora ministra de Educación, Cecilia María Vélez, a presentar una propuesta de reforma a dicha ley.
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