Uno de los problemas más críticos que enfrentan las políticas públicas es el acceso a la educación de tercer nivel de las personas de menores ingresos. Estas se encuentran discriminadas por razones de etnia, género, color o clase social, y su número creciente convierte el servicio en excluyente, poniendo en tela de juicio su legitimidad.
Los diferentes gobiernos han planteado como solución el crédito educativo y las becas, en la medida en que permiten, a través del financiamiento de la demanda, facilitar el acceso en mejores condiciones que las que ofrece el mercado. En el caso de Colombia, es evidente que esta orientación del préstamo ha posibilitado, manteniendo el apoyo a los estratos de mayores ingresos, optimizar el acceso de los estratos 2 y 3, no así el del 1, en parte porque no tiene entrada al sistema educativo en su conjunto.
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