Boris Salazar
El proyecto de reforma a la educación superior que el gobierno radicara ante el Congreso el 3 deoctubre de este año conserva el espíritu de mezquindad y falta de grandeza que caracterizara a laprimera versión que la comunidad universitaria no ha dejado de discutir con inocencia y entusiasmoen los últimos meses. A pesar de las voces de tranquilidad de la ministra, y de la bendición papalque le diera Luis Eduardo Garzón, ahora en trance de unidad nacional, la esencia del proyecto siguesiendo la misma. Han cambiado algunas expresiones, han borrado otras, han perfeccionado algunosmecanismos, pero lo esencial sigue allí. La diferencia entre esta versión y la anterior está en losmecanismos elegidos para liberarse de la responsabilidad de diseñar y financiar una reformaintegral para la educación colombiana.
Mientras que en la anterior la legalización del ánimo de lucro denotaba una cierta pereza mental conrespecto al cómo, y hacía pensar en la adopción tardía –muy tardía, en realidad— de laprivatización como salida inmediata a la baja cobertura, la última se concentra, con más detalle, enla financiación del crecimiento a través del diseño de un conjunto interdependiente de fondosfinancieros y de garantías, a través de los cuales fluiría la inversión privada adicional que elgobierno considera indispensable para ejecutar su reforma.
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