Profesor Universidad de Antioquia
No importa la suerte que corra la propuesta que pretende reformar la ley 30. Es posible que pase con algunas modificaciones menores o que se caiga y en un par de años se presente una “nueva” iniciativa que en el fondo no se aparte mucho de la propuesta actual. El caso es que tarde o temprano el resultado será el mismo: la universidad pública será la gran perdedora. La razón es simple, y no debería sorprender a nadie, nuestros dirigentes no creen en la universidad pública como pilar del desarrollo del país y de la región, y por el contrario, la ven como un remanente del pasado que obstaculiza su particular visión del progreso.
Claro que nunca lo reconocerán en público, es una idea que generaría muchísimo ruido, interminables debates, sería demasiado costosa políticamente y en últimas, es una de esas cosas que entra en la creciente categoría de lo que no es políticamente correcto. Sin embargo, después de los grandes discursos y las alabanzas vacías, las decisiones que se toman revelan las verdaderas intenciones, y lo que vemos todos los días es precisamente un deterioro gradual pero constante de los recursos y de la importancia que le otorgan a la universidad pública.
Claro que nunca lo reconocerán en público, es una idea que generaría muchísimo ruido, interminables debates, sería demasiado costosa políticamente y en últimas, es una de esas cosas que entra en la creciente categoría de lo que no es políticamente correcto. Sin embargo, después de los grandes discursos y las alabanzas vacías, las decisiones que se toman revelan las verdaderas intenciones, y lo que vemos todos los días es precisamente un deterioro gradual pero constante de los recursos y de la importancia que le otorgan a la universidad pública.
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