Bienes comerciales

Oscar Lopez Pulecio
El País 

Aplicar como política pública la ley de la oferta y la demanda a los servicios sociales, como la salud y la educación, es de por sí una equivocación conceptual, por la simple razón de que los ciudadanos no pueden prescindir de ellos y no todos pueden pagarlos. Aquí las fuerzas del mercado se estrellan contra la obligación estatal de garantizar el bienestar social, y el mercado termina totalmente deformado con unos ‘compradores’ sin capacidad de compra, unos ‘vendedores’ sin utilidades y un pésimo servicio, con excepción de las personas que puedan costearlos, que son las menos. El asunto de fondo es que no se trata de servicios, sino de derechos cuya denegación lleva a la enfermedad o a la ignorancia.

El caso de la educación es oportuno denunciarlo puesto que el proyecto de ley de origen gubernamental que reforma la educación superior no se ha presentado al Congreso todavía, a diferencia de la reforma de la Ley 100, que regula la prestación de servicios de salud, que ya fue aprobada para insatisfacción de todos los conocedores del tema. Lo que el proyecto educativo plantea es la prestación de la educación superior privada como un servicio comercial, principalmente para satisfacer las necesidades de educación para el trabajo del sector productivo. Desempolva la ley de la oferta y la demanda para facilitar la presencia de inversión privada nacional o internacional en el mercado perfecto que se le crea a la educación superior, hasta ahora al menos en el papel, en manos de organizaciones sin ánimo de lucro.
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