En el debate sobre la reforma de la Ley 30, orgánica de la educación superior en Colombia, que tiene tantas aristas, el punto más afilado son las cuentas cruzadas entre el Gobierno y las universidades públicas, porque de ellas depende el futuro mismo de la educación superior pública. Las cuentas de las universidades públicas son más o menos así: las 32 que existen tienen hoy un presupuesto de $4 billones, de los cuales $2,2 aporta el Gobierno Nacional, cifra que se ha venido ajustando de acuerdo con el índice del costo de vida desde 1993. Esa suma es utilizada principalmente para pagar gastos de funcionamiento que han crecido muy por encima del costo de vida, porque desde esa fecha ha habido una notable transformación de las universidades públicas: han aumentado su cobertura, extendido sus programas, aumentado su complejidad académica y asumido obligaciones legales no presupuestadas por el Gobierno, especialmente los aumentos en la productividad académica de los docentes y en los aportes pensionales. Todo ello ha generado un faltante que se estima en $700.000 millones. El proyecto de ley que reforma ese sistema propone un reajuste adicional de 1% en 2012, 2% en 2013, y 3% entre el 2014 y el 2019. Lo que se requeriría es un reajuste del 35%, que no comprende nuevos desarrollos.
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