Mario Hernández
Razón Pública, 24 de Abril de 2011
La propuesta es consistente y corresponde al nuevo Plan de Desarrollo, pero no puede elevar la calidad, aumentar la equidad o estimular el avance de la ciencia. En el dilema entre la educación superior como bien privado o como bien público, este proyecto en realidad plantea la disyuntiva entre los valores atávicos del todo vale y la construcción de una sociedad más solidaria y democrática. Hagan sus apuestas.
¿Bien público o bien privado?
En el mundo contemporáneo no cabe duda sobre el lugar central que ocupa el conocimiento para la realización de la vida humana. Se supone que una fuerte inversión en educación y en ciencia y tecnología, no solamente propicia el crecimiento económico, sino también la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. Hasta aquí esto no es más que un lugar común.
Las divergencias aparecen cuando se plantean las rutas para lograr estos buenos propósitos. Existen diferencias profundas en los enfoques de la política de educación superior que determinan sus predominios y sus consecuencias.
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de UNESCO de 2009 considera este nivel como un "bien público [que] debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico", siguiendo la Carta de Derechos Humanos que afirma: "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos"[1].
En contraste, los técnicos del Banco Mundial creen que la educación superior es un "bien privado", con altos réditos para los individuos y, por lo tanto, ellos deben pagar por este servicio[2]. Desde este enfoque, los sistemas de educación superior deben ser financiados por las familias principalmente, mientras los gobiernos, en especial en países "pobres", deben restringir el gasto público a incluir a los pobres a través de un sistema de crédito, y ampliar la participación del sector privado[3].
En el mundo contemporáneo no cabe duda sobre el lugar central que ocupa el conocimiento para la realización de la vida humana. Se supone que una fuerte inversión en educación y en ciencia y tecnología, no solamente propicia el crecimiento económico, sino también la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. Hasta aquí esto no es más que un lugar común.
Las divergencias aparecen cuando se plantean las rutas para lograr estos buenos propósitos. Existen diferencias profundas en los enfoques de la política de educación superior que determinan sus predominios y sus consecuencias.
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de UNESCO de 2009 considera este nivel como un "bien público [que] debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico", siguiendo la Carta de Derechos Humanos que afirma: "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos"[1].
En contraste, los técnicos del Banco Mundial creen que la educación superior es un "bien privado", con altos réditos para los individuos y, por lo tanto, ellos deben pagar por este servicio[2]. Desde este enfoque, los sistemas de educación superior deben ser financiados por las familias principalmente, mientras los gobiernos, en especial en países "pobres", deben restringir el gasto público a incluir a los pobres a través de un sistema de crédito, y ampliar la participación del sector privado[3].
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