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El presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 10 de marzo una reforma estructural a la educación superior. De sus palabras se extrae que apunta a favorecer de manera directa al capital financiero y a las multinacionales de la educación superior, así como a marchitar la situación financiera de las universidades públicas. Esta política es lo más grave que le podría suceder a la educación superior en Colombia en toda su historia.
La modificación propuesta en la naturaleza de las Instituciones de Educación Superior, respecto a su transformación en entidades con ánimo de lucro, es una exigencia de las multinacionales de la enseñanza superior y del capital financiero. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo especifico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”. Dicha reforma les permite, a la luz de la legislación comercial, que este tipo de instituciones puedan distribuir dividendos y realizar inversiones en otros sectores de la sociedad, para no hablar de las implicaciones en lo referente a los costos de matrícula y demás servicios universitarios.
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